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Estados Unidos impuso el 9 de octubre de 2026 una nueva ronda de sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), lo que provocó una condena severa de sus aliados europeos. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las medidas bajo la Orden Ejecutiva 14203 y advirtió: “O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros ponemos fin a la CPI”. Washington sostiene que el tribunal de La Haya está politizado y señala injustamente a militares, funcionarios y líderes electos estadounidenses. La CPI calificó el paso como un “ataque al Estado de derecho”, mientras varios Estados miembros, incluido el Reino Unido, dijeron estar “en total desacuerdo”.
¿Qué es la CPI y por qué la ataca Washington?
La CPI fue creada en 2002 por el Estatuto de Roma y reúne a 125 Estados miembros, pero Estados Unidos no forma parte. Washington firmó el tratado en 2000, retiró su firma en 2002 y nunca lo ratificó. Funcionarios estadounidenses advierten desde hace años que el tribunal podría investigar a tropas, agentes fronterizos y líderes políticos de EE. UU. La preocupación creció después de que la CPI emitiera en 2024 órdenes de arresto contra líderes israelíes e investigara operaciones militares estadounidenses en Afganistán. Bajo ambas administraciones Trump, la política pasó de la distancia diplomática a las sanciones contra jueces y fiscales concretos.
¿Qué hacen exactamente las nuevas sanciones?
A diferencia de las medidas anteriores contra personas designadas, la acción de octubre de 2026 golpea a la propia CPI bajo la Orden Ejecutiva 14203. Las sanciones prohíben a entidades estadounidenses realizar transacciones con el tribunal y buscan cortar sus recursos. Puntos clave:
- Prohibición a entidades estadounidenses de transaccionar con la CPI.
- Se ataca a la institución, no solo a funcionarios individuales.
- Un periodo de gracia de seis meses para que los Estados miembros sigan financiando operaciones.
- Sanciones previas contra 13 jueces y fiscales, además de ONG extranjeras vinculadas al “señalamiento ilegítimo de Israel”.
El Departamento de Estado afirma que aplazó la designación más de un año esperando “cambios de buena fe” en la CPI y sus Estados parte, sin resultados. La medida sigue a sanciones estadounidenses previas contra jueces de la CPI y encaja en una campaña contra lo que Washington llama “lawfare”.
¿Cómo reaccionan los aliados y la CPI?
La CPI rechazó duramente las sanciones y las calificó de intento de obstruir la justicia e intimidar a quienes cooperan con el tribunal. La presidenta Tomoko Akane declaró: “El Tribunal seguirá cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad, basándose únicamente en el derecho y las pruebas, para las víctimas de crímenes graves.” Naciones Unidas habló de un “golpe grave” a la justicia internacional.
Ocho Estados —Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido— emitieron una declaración conjunta en la que “lamentan y rechazan firmemente” la decisión y reafirman su “apoyo inquebrantable” al tribunal. La ruptura subraya la creciente división dentro de la alianza transatlántica sobre las investigaciones del tribunal y el orden internacional basado en reglas.
¿Qué significa para la justicia internacional?
Expertos jurídicos advierten que las sanciones pueden perturbar el funcionamiento del tribunal, afectar al personal y a sus familias e incluso poner en riesgo la liberación de detenidos. En custodia de la CPI está, entre otros, el expresidente filipino Rodrigo Duterte, cuyo caso por crímenes de lesa humanidad se convirtió en una piedra de toque del alcance del tribunal. La Federación Internacional por los Derechos Humanos instó a los 125 Estados miembros a actuar de forma colectiva.
¿Qué pasa ahora?
La atención se centra en la Asamblea de Estados Partes de diciembre de 2026, donde los miembros debatirán contramedidas y financiación. EE. UU. deja margen a una solución diplomática y presiona a sus aliados para que “contengan” al tribunal. Por ahora, las sanciones son el desafío estadounidense más duro hasta la fecha a una institución judicial multilateral que Washington ayudó a crear pero a la que nunca se unió.
Preguntas frecuentes
¿Por qué sancionó EE. UU. a la CPI?
Washington sostiene que el tribunal está politizado y amenaza a ciudadanos, militares, agentes fronterizos y líderes electos estadounidenses, y afirma que no tiene jurisdicción sobre estadounidenses.
¿Qué incluyen las nuevas sanciones?
Prohíben las transacciones de entidades estadounidenses con la CPI, apuntan a la propia institución y fijan seis meses de gracia para la financiación de los Estados miembros.
¿Cómo respondió la CPI?
Calificó las sanciones de “ataque al Estado de derecho” y aseguró que no se dejará intimidar, prometiendo continuar su mandato con independencia.
¿Qué países criticaron las sanciones?
Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Dinamarca y Países Bajos emitieron una declaración conjunta de rechazo y de reafirmación de su apoyo a la CPI.
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