Un importante revés legal para la administración Trump
En una decisión clave que pone a prueba los límites del poder presidencial, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha bloqueado un intento del expresidente Donald Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago. La decisión del tribunal, emitida a finales de diciembre de 2025, representa una importante derrota legal para la administración Trump y reafirma la autoridad de los gobiernos estatales y locales sobre el despliegue militar doméstico.
La orden de tres páginas sin firmar del máximo tribunal del país determinó que la administración 'no ha podido identificar ninguna autoridad legal que permita al ejército hacer cumplir las leyes en Illinois.' Esto marca la segunda derrota de la administración ante el tribunal en solo cuatro días, subrayando las tensiones continuas entre el poder ejecutivo y la supervisión judicial.
La batalla legal sobre el poder federal
El caso giraba en torno al intento de Trump de enviar a unos 300 miembros de la Guardia Nacional a Chicago, citando necesidades de aplicación de la ley contra el crimen y la inmigración. La administración argumentó que los agentes federales necesitaban protección contra lo que describieron como 'ataques potencialmente letales' en las instalaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que el término 'fuerzas armadas regulares' en la ley federal probablemente se refiere al ejército permanente, no a agentes federales como ICE. De manera más fundamental, los jueces sostuvieron que la autoridad presidencial para federalizar la Guardia Nacional no se extiende a proteger al personal de aplicación de la ley de inmigración en este contexto.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, acogió con satisfacción la decisión y dijo: 'Esta decisión confirma lo que siempre hemos dicho: Chicago no es una ciudad sin ley, y no necesitamos intervención militar para mantener seguras a nuestras comunidades.' El gobernador de Illinois, JB Pritzker, hizo eco de este sentimiento y enfatizó que 'la Guardia Nacional no debe usarse como herramienta política contra ciudades que disienten de la política federal de inmigración.'
Jueces conservadores divididos
En una notable división entre los jueces conservadores, la decisión del tribunal contó con tres disidentes: los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch. El juez Alito argumentó en su opinión disidente que 'proteger a los agentes federales de ataques potencialmente letales no debe verse frustrado' por tecnicismos legales.
Sin embargo, otros jueces conservadores nombrados por Trump, incluidos Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, se unieron a la mayoría para rechazar el despliegue. Los analistas legales señalan que esta división sugiere que incluso los jueces nombrados por Trump están dispuestos a frenar el exceso del poder ejecutivo cuando se trata del despliegue militar doméstico.
La decisión deja abierta la posibilidad de que Trump aún pueda invocar la Ley de Insurrección de 1807, que otorga un poder presidencial más amplio para desplegar tropas en el país. Sin embargo, esto requeriría declarar una insurrección, un umbral legal mucho más alto que la administración no ha estado dispuesta a cruzar hasta ahora.
Las estadísticas de criminalidad cuentan una historia diferente
La decisión del Tribunal Supremo llega en medio de narrativas contradictorias sobre la criminalidad en Chicago. Según datos del Departamento de Policía de Chicago, la ciudad experimentó disminuciones significativas en la criminalidad en 2025:
- Homicidios un 33% más bajos en comparación con 2024
- Tiroteos reducidos en un 38%
- Delitos violentos en general disminuidos en un 21,6%
- Robos un 31,9% más bajos
- Robo de vehículos reducido en un 49%
La administración del alcalde Johnson atribuye estas mejoras a estrategias integrales de seguridad que incluyen duplicar los profesionales de salud mental para crisis, expandir el empleo juvenil de verano en un 47% y fortalecer las asociaciones entre la policía y grupos de intervención de violencia comunitaria.
Los datos del FBI complican aún más la narrativa de Trump. Según un análisis reciente, la tasa de delitos violentos de Chicago de 540 por cada 100.000 habitantes es en realidad más baja que la de varias otras grandes ciudades, incluyendo Nueva York (671) y Los Ángeles (728). Houston encabeza la lista con 1.148 delitos violentos por cada 100.000 habitantes.
Implicaciones más amplias para el poder presidencial
Esta decisión establece importantes precedentes legales que probablemente limitarán futuros intentos presidenciales de desplegar fuerzas militares en el país. Como señaló un análisis de SCOTUSblog, la decisión 'probablemente hará más difícil para la administración desplegar tropas de la Guardia Nacional en otras ciudades como Portland con la misma justificación legal.'
El caso también subraya la compleja estructura de control dual de la Guardia Nacional, que opera bajo autoridad tanto estatal como federal. Normalmente, los gobernadores controlan las unidades de la Guardia Nacional dentro de sus estados, a menos que sean federalizadas para misiones específicas.
Trump había desplegado previamente tropas de la Guardia Nacional en otras ciudades progresistas, predominantemente demócratas, incluyendo Washington D.C., Portland y Nueva Orleans, lugares con protestas significativas contra su política de inmigración. Sin embargo, como señaló el Tribunal Supremo en su decisión, esos despliegues 'no tuvieron un efecto notable en las estadísticas de criminalidad de esas ciudades.'
¿Qué sigue ahora?
Aunque esta decisión representa una victoria importante para los funcionarios de Chicago e Illinois, los expertos legales advierten que la batalla podría no haber terminado. La decisión del tribunal señaló específicamente que Trump podría prevalecer en una etapa posterior si 'presenta mejor evidencia de que el despliegue de la Guardia es realmente necesario.'
Por ahora, la decisión refuerza los principios constitucionales de federalismo y separación de poderes. Envía una señal clara de que incluso con una mayoría conservadora en el tribunal (seis de los nueve jueces fueron nombrados por presidentes republicanos), hay límites al poder ejecutivo cuando se trata del despliegue militar doméstico.
La decisión también tiene implicaciones prácticas inmediatas: Chicago continuará implementando sus estrategias integrales de seguridad sin intervención militar, mientras que la administración Trump debe reconsiderar su enfoque de la aplicación de la ley de inmigración en ciudades que se resisten a la política federal.