Juez federal bloquea nuevamente el despliegue militar de Trump en Portland

Juez federal detiene despliegue militar de Trump en Portland

Un juez federal ha asestado otro golpe al presidente Donald Trump en sus intentos de enviar tropas de la Guardia Nacional a Oregón. Esta es la segunda vez en poco tiempo que los tribunales bloquean la intervención militar del gobierno en el estado. La jueza del Distrito de EE.UU. Karin Immergut, nombrada por Trump en 2019, emitió un fallo que impide que el presidente eluda su orden anterior utilizando miembros de la Guardia Nacional de otros estados.

Batalla legal sobre autoridad militar

El enfrentamiento legal gira en torno al intento de Trump de enviar aproximadamente 200 efectivos de la Guardia Nacional a Portland, donde han ocurrido protestas en instalaciones federales de inmigración. El sábado pasado, la jueza Immergut ya había bloqueado el despliegue de los propios miembros de la Guardia Nacional de Oregón. Su último fallo se centra específicamente en la estrategia de elusión de Trump mediante el uso de guardias de California y posiblemente otros estados.

'Esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial,' declaró la jueza Immergut en su fallo, expresando su preocupación por el desdibujamiento de los límites entre el poder civil y militar. La jueza dictaminó que Trump no tenía 'una base creíble' para federalizar la Guardia Nacional porque la situación en Portland no demostraba que las fuerzas del orden federales fueran incapaces de hacer cumplir las leyes federales.

Reacciones políticas y oposición estatal

La gobernadora demócrata de Oregón, Tina Kotek, y el alcalde de Portland se han opuesto firmemente al despliegue y rechazaron la caracterización de Trump de la ciudad como 'desgarrada por la guerra.' La gobernadora Kotek enfatizó que ni siquiera había sido notificada oficialmente por la administración Trump sobre la llegada de aproximadamente 100 guardias de California el fin de semana pasado.

'La intervención militar no es necesaria en Oregón. No hay insurrección en Portland, no hay amenaza a la seguridad nacional,' declaró la gobernadora Kotek el sábado. Su colega demócrata en California calificó las acciones de Trump como 'abuso de poder,' mientras que representantes legales describieron la situación como 'un secuestro de la ciudad.'

Patrón más amplio de despliegue militar

Este caso es parte de un patrón más amplio en el que Trump envía tropas de la Guardia Nacional a ciudades a pesar de las objeciones locales. La administración ya ha enviado personal militar a Los Ángeles, Washington D.C., y ha anunciado planes para despliegues en Memphis y Chicago, todas ciudades con liderazgo demócrata.

La base legal para estos despliegues enfrenta desafíos significativos bajo la Ley Posse Comitatus, que limita la participación militar en la aplicación de la ley doméstica. En septiembre, los tribunales federales dictaminaron que la administración había enviado tropas ilegalmente a Los Ángeles en violación de esta ley.

Cuestiones constitucionales y futuras apelaciones

El fallo de la jueza Immergut enfatizó que federalizar la Guardia Nacional de Oregón sin la autoridad constitucional o legal adecuada violaba la Décima Enmienda, infringiendo el derecho del estado a controlar su propia guardia. El tribunal no encontró evidencia de violencia grave o persistente en Portland que justificara federalizar la guardia, y sostuvo que los agentes federales no necesitaban asistencia militar.

Trump aún puede apelar la decisión ante tribunales superiores. La Corte Suprema ha mostrado anteriormente simpatía por el argumento de Trump de que los presidentes tienen amplios poderes para desplegar tropas en emergencias. Sin embargo, la administración enfrenta una batalla cuesta arriba dadas las conclusiones específicas sobre la naturaleza de las protestas en Portland.

El gobernador republicano Greg Abbott de Texas ofreció 400 tropas de su Guardia Nacional estatal y tuiteó: 'Protejan a sus propios empleados federales, o déjen paso para que la Guardia de Texas lo haga.' Esto subraya la división política en torno a la controversia del despliegue.

La prohibición temporal permanece vigente al menos hasta el 17 de octubre, lo que proporciona un breve respiro mientras las batallas legales se desarrollan en lo que se ha convertido en una prueba significativa del poder presidencial versus la supervisión judicial.