Ex líder de Bangladesh condenada a muerte por represión de protestas
En un veredicto histórico que ha enviado ondas de choque a través del sur de Asia, la ex primera ministra de Bangladesh Sheikh Hasina ha sido condenada a muerte por crímenes contra la humanidad relacionados con su papel en la violenta represión de protestas estudiantiles el año pasado. La líder de 78 años, que gobernó Bangladesh durante 15 años hasta su renuncia en 2024, fue condenada en ausencia el 17 de noviembre de 2025 por el Tribunal Penal Internacional en Dhaka.
Represión letal e informe de la ONU
La condena sigue al presunto papel de Hasina al ordenar a las fuerzas de seguridad que usaran fuerza letal contra manifestantes durante lo que se conoció como la Revolución de Julio de 2024. Según estimaciones de Naciones Unidas, entre 800 y 1400 personas murieron durante la represión gubernamental, con la mayoría de víctimas abatidas por las fuerzas de seguridad. Las protestas comenzaron como manifestaciones pacíficas contra las políticas de cuotas gubernamentales pero escalaron hasta convertirse en demandas nacionales para la renuncia de Hasina después de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego contra manifestantes estudiantiles.
"Este veredicto fue recibido con vítores tanto dentro como fuera de la sala del tribunal," informó Devi Boerema, corresponsal para el sur de Asia. "Para las familias de las víctimas, trae una sensación de justicia."
Audio filtrado y evidencia
El caso de la Fiscalía dependió en gran medida de una conversación telefónica filtrada en la que se escuchaba a Hasina decirle a una persona no identificada que había ordenado a las fuerzas de seguridad usar "armas letales" contra manifestantes. Se informó que dijo que las tropas debían disparar "dondequiera que encuentren a los manifestantes." Esta evidencia de audio, reportada por primera vez por NOS en julio de 2025, resultó crucial para establecer su participación directa en la orden de represión.
Consecuencias políticas y tensiones regionales
Hasina, que vive en exilio autoimpuesto en Nueva Delhi desde agosto de 2024, rechazó inmediatamente el veredicto como "parcial y políticamente motivado." En una declaración desde India, afirmó que había "perdido el control de la situación" durante las protestas, pero negó cualquier ataque premeditado contra civiles.
El veredicto ha creado tensiones diplomáticas significativas entre Bangladesh e India. CNN reportó que el gobierno interino de Bangladesh ha solicitado repetidamente la extradición de Hasina, pero India se ha negado a entregar a su aliada política. "La probabilidad de que India extradite a una aliada leal sabiendo que la espera la pena de muerte es muy baja," señaló la corresponsal Boerema.
Otras condenas y preocupaciones de seguridad
El tribunal también condenó a muerte en ausencia al ex ministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal, mientras que el ex jefe de policía Chowdhury Abdullah Al-Mamun recibió una sentencia de prisión de cinco años después de cooperar con los investigadores. El juez explicó que aunque Al-Mamun había facilitado la violencia, su cooperación con el tribunal constituía circunstancias atenuantes.
La seguridad permanece estricta en todo Bangladesh ya que los partidarios de Hasina han jurado protestar contra el veredicto. Newsweek reportó que su partido Liga Awami pidió protestas nacionales, lo que llevó a medidas de seguridad que incluyen órdenes de "disparar a la vista" contra incendiarios. El país predominantemente musulmán de 170 millones de personas se prepara para un posible caos político antes de las elecciones nacionales programadas para febrero de 2026.
Contexto histórico y origen del tribunal
Irónicamente, el Tribunal Penal Internacional que condenó a Hasina fue originalmente establecido por su propio gobierno en 2010 para procesar crímenes de guerra cometidos durante la guerra de independencia de Bangladesh. El tribunal ahora se enfoca en la líder que lo creó, lo que marca un dramático giro en el panorama político de Bangladesh.
El veredicto representa un momento crucial en la turbulenta historia política de Bangladesh y plantea preguntas importantes sobre la rendición de cuentas por la violencia estatal y el futuro de la democracia en la nación del sur de Asia.