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Sanciones declaradas inconstitucionales
Un juez federal en EE.UU. ha declarado inválidas las sanciones impuestas por el presidente Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que violan la libertad de expresión constitucional. Las sanciones, establecidas en febrero de 2025, incluían multas financieras y restricciones de visado para personas que colaborasen con la CPI en investigaciones sobre ciudadanos estadounidenses o aliados.
Impacto en la justicia internacional
Las sanciones obstaculizaron significativamente el trabajo de la CPI, especialmente en investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra en Afganistán y Gaza. La corte, con sede en La Haya, depende de la cooperación internacional para recopilar pruebas y entrevistar testigos, lo cual se vio gravemente limitado bajo el régimen de sanciones.
Fundamento judicial
El juez dictaminó: 'El decreto presidencial restringe la libertad de expresión más de lo necesario para alcanzar su objetivo.' Destacó que las sanciones penalizaban cualquier colaboración con la CPI, independientemente de si estaba relacionada con investigaciones sobre EE.UU., Israel u otros aliados.
Contexto político y reacciones
La administración Trump implementó las sanciones tras investigaciones de la CPI sobre posibles crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán y acciones israelíes en Gaza. Ni la Casa Blanca ni la CPI han comentado sobre el fallo. El presidente Trump ha ignorado frecuentemente sentencias judiciales que desafían sus políticas.
Mandato de la CPI
Establecida en 2002, la CPI persigue genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren actuar. Con 125 estados miembros, la corte carece de poder coercitivo propio y depende de la cooperación internacional. EE.UU. nunca ha ratificado el Estatuto de Roma.
