Crisis diplomática por asilo de ex primera ministra peruana
Perú ha tomado la drástica medida de romper todas las relaciones diplomáticas con México en respuesta a la decisión mexicana de otorgar asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez. La ruptura diplomática, anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores peruano Hugo de Zela, representa una de las crisis diplomáticas más graves en América Latina en los últimos años y marca una escalada significativa de las tensiones entre los dos países.
El detonante: Asilo en la embajada mexicana
La crisis estalló cuando funcionarios peruanos se enteraron de que Chávez, quien se desempeñó como primera ministra bajo el ex presidente Pedro Castillo, había huido a la embajada mexicana en Lima y solicitado asilo político. 'Nos sorprendió y lamentamos profundamente que México haya decidido otorgar asilo a Betssy Chávez,' declaró el ministro De Zela durante una conferencia de prensa. 'Esto constituye un acto hostil que se suma a la repetida injerencia de líderes mexicanos en los asuntos internos de Perú.'
Chávez enfrenta serios desafíos legales en Perú, donde los fiscales piden hasta 25 años de prisión por su presunto papel en el intento de golpe de estado del ex presidente Castillo en 2022. Se le acusa de rebelión y conspiración contra el estado, cargos que ella niega. Los procedimientos legales en su contra han estado en curso desde el intento dramático de Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022, lo que llevó a su destitución y arresto.
Antecedentes de inestabilidad política
La actual crisis diplomática tiene sus raíces en la continua inestabilidad política de Perú. El ex presidente Pedro Castillo, un maestro y líder sindical de izquierda, fue destituido de su cargo en diciembre de 2022 después de intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, lo sucedió y se convirtió en la primera mujer presidenta de Perú. Sin embargo, la presidencia de Boluarte estuvo marcada por la controversia y bajos índices de aprobación, culminando con su destitución por el Congreso el mes pasado.
José Jerí, el líder del Congreso que supervisó la remoción de Boluarte, fue juramentado como nuevo presidente de Perú. En sus primeras declaraciones, Jerí se distanció del gobierno de Boluarte y afirmó 'Heredamos problemas de la administración anterior que carecía de voluntad política.' Ha declarado el estado de emergencia en Lima y Callao para abordar la creciente inseguridad, aunque los críticos señalan que este enfoque se parece a las medidas tomadas tanto por Boluarte como por Castillo.
Posición de México e implicaciones regionales
México ha defendido su decisión de otorgar asilo a Chávez, argumentando que cumple con el derecho internacional y los principios humanitarios. Funcionarios mexicanos han caracterizado la respuesta de Perú como 'excesiva y desproporcionada,' según declaraciones del ministerio de Relaciones Exteriores mexicano. Esta no es la primera vez que México otorga asilo a partidarios de Castillo: la esposa e hijos del ex presidente ya viven en México bajo protección política.
La ruptura diplomática sigue un patrón de relaciones tensas entre el actual gobierno peruano y los gobiernos de izquierda en América Latina que apoyaron a Castillo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha descrito previamente la remoción de Castillo como un 'golpe de estado,' una caracterización que es rechazada por las autoridades peruanas y muchos observadores internacionales.
Procedimientos legales y derecho internacional
La situación legal de Chávez añade complejidad al punto muerto diplomático. Se le acusa de complicidad en el presunto intento de golpe junto con Castillo, quien enfrenta cargos aún más graves con fiscales que piden 34 años de prisión. Ambos niegan los cargos y afirman ser víctimas de persecución política.
Según el derecho internacional, las embajadas se consideran territorio soberano del país representado, y el asilo diplomático tiene una larga tradición en América Latina. Sin embargo, Perú sostiene que la acción de México constituye injerencia en sus procesos judiciales y asuntos internos. La situación subraya las tensiones entre los principios de soberanía nacional y la protección humanitaria internacional.
La ruptura diplomática significa el cierre de embajadas y consulados, la retirada de personal diplomático y la suspensión de toda cooperación bilateral. Esto podría tener consecuencias económicas significativas, especialmente para las relaciones comerciales entre los dos países. Perú y México tienen importantes vínculos comerciales, con un comercio bilateral de más de $3 mil millones anuales antes de la crisis.
Mientras América Latina observa este drama diplomático en desarrollo, la situación subraya las divisiones políticas en la región y los desafíos de mantener relaciones diplomáticas en medio de crisis políticas internas. La resolución de este punto muerto probablemente requerirá mediación internacional y podría establecer precedentes importantes sobre cómo se manejan los casos de asilo político en la región.