Último ataque en campaña antidrogas en escalada
El ejército estadounidense ha realizado otro ataque contra un presunto barco de contrabando de drogas en el Océano Pacífico oriental, resultando en la muerte de los cuatro miembros de la tripulación. El Secretario de Defensa Pete Hegseth anunció la operación y afirmó que la embarcación transportaba estupefacientes a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico, aunque no proporcionó evidencia para respaldar estas afirmaciones.
Operaciones marítimas en escalada
Este último incidente marca la continuación de una campaña agresiva que comenzó en septiembre de 2025, donde tropas estadounidenses realizan ataques letales contra presuntos barcos de drogas en aguas internacionales. Según reportes recientes, estas operaciones han cobrado al menos 61 vidas en múltiples enfrentamientos. Los ataques representan una escalada significativa respecto a las operaciones antidrogas tradicionales, que históricamente se centraban en la intercepción y arresto en lugar del uso de fuerza letal.
Hegseth publicó un video de 22 segundos en X mostrando el ataque al barco y advirtió que Estados Unidos "continuará rastreando y eliminando terroristas de las drogas dondequiera que operen." La declaración del Secretario de Defensa refleja el marco de la administración Trump que caracteriza a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas, una designación que proporciona justificación legal para la acción militar.
Preocupaciones legales e internacionales
Los ataques han recibido críticas de expertos legales y observadores internacionales que cuestionan su legalidad bajo el derecho internacional y estadounidense. "Estas operaciones en aguas internacionales plantean serias preguntas sobre ejecuciones extrajudiciales y debido proceso," señaló un analista legal familiarizado con el derecho marítimo. "La justificación del gobierno se basa en designar a los traficantes de drogas como terroristas, pero esto desafía los marcos legales internacionales establecidos."
Según análisis del Instituto Naval de Estados Unidos, el nuevo enfoque militar marca una ruptura dramática con las operaciones marítimas antidrogas tradicionales, que históricamente utilizaban fuerza gradual - disparos de advertencia, fuego incapacitante, abordaje y arresto - resultando en tasas de éxito superiores al 90% y procesamientos penales.
Justificación del gobierno
El presidente Trump ha defendido los ataques afirmando que Estados Unidos está involucrado en un conflicto armado con los cárteles de drogas. "Estamos librando una guerra contra estas organizaciones criminales que envenenan nuestras comunidades," declaró Trump en un discurso reciente. "Los ataques letales en aguas internacionales están justificados para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos."
Sin embargo, ni Trump ni sus funcionarios han proporcionado evidencia de que los barcos atacados realmente transportaran estupefacientes. La falta de transparencia ha avivado críticas de demócratas del Congreso y algunos republicanos que cuestionan la base legal para las operaciones.
Implicaciones regionales
Los ataques en el Pacífico representan una expansión de la campaña más allá del Caribe, donde ocurrieron la mayoría de las operaciones anteriores. El Pacífico oriental ha sido durante mucho tiempo una ruta de tránsito clave para estupefacientes que van desde Sudamérica hacia mercados norteamericanos. Reportes recientes indican que la operación refleja los esfuerzos continuos de Estados Unidos para interrumpir las rutas del narcotráfico en la región del Pacífico.
La escalada ocurre en medio de una acumulación militar más amplia en la región, incluyendo el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe. El enfoque de la administración ha creado tensiones con socios regionales y ha generado preguntas sobre la estrategia a largo plazo para combatir el narcotráfico.
Preocupaciones sobre derechos humanos y debido proceso
Organizaciones de derechos humanos han sonado la alarma sobre el creciente número de muertes y la falta de debido proceso en estas operaciones. "Cuando realizas ataques sin evidencia clara y sin supervisión judicial, corres el riesgo de matar a personas inocentes y socavar el estado de derecho," dijo un representante de una organización de vigilancia de derechos humanos.
Las operaciones también han recibido críticas del senador Rand Paul, quien calificó los ataques aéreos como "ejecuciones extrajudiciales" y señaló que el Congreso no había recibido información sobre la campaña de ataques. La falta de supervisión del Congreso se ha convertido en un punto de controversia en Washington, con legisladores de ambos partidos exigiendo más transparencia sobre la autoridad legal para estas operaciones.
A medida que la campaña continúa expandiéndose, persisten las preguntas sobre su efectividad para reducir el narcotráfico y las implicaciones para el derecho internacional y la política exterior estadounidense en el hemisferio occidental.