Violentas protestas en Perú dejan un muerto y más de 100 heridos. El presidente interino Jerí enfrenta su primera gran crisis tras reciente cambio político.

Enfrentamientos violentos en Lima: un muerto y más de 100 heridos
La capital peruana Lima fue escenario el miércoles de violentos enfrentamientos entre miles de manifestantes y la policía antidisturbios, resultando en un fallecido y más de 100 heridos. La víctima fue identificada como Eduardo Ruiz Sanz de 32 años, mientras organizaciones de derechos humanos sugieren que podría haber sido disparado por un policía de civil durante las escenas caóticas frente al edificio del parlamento.
Las protestas, organizadas por colectivos juveniles, grupos de artistas y sindicatos, representan el primer gran desafío para el presidente interino José Jerí, quien asumió apenas seis días antes tras la destitución de la ex presidenta Dina Boluarte. 'Esto no se trata solo de un presidente - se trata de un sistema que falla en proteger a sus ciudadanos del crimen organizado,' declaró María Flores, una estudiante universitaria de 24 años que participó en la manifestación.
Acción policial y violencia escalada
La policía antidisturbios empleó gas lacrimógeno y balas de goma cuando los manifestantes intentaron romper las barreras de seguridad alrededor del congreso. Los manifestantes respondieron lanzando piedras, fuegos artificiales y cócteles molotov, incendiando vallas y creando escenas caóticas en el corazón del distrito gubernamental de Lima.
Según reportes oficiales, 78 policías y 24 civiles resultaron heridos en los enfrentamientos, incluyendo dos periodistas entre los lesionados. La policía defendió su accionar diciendo que respondía a intentos violentos de asaltar edificios gubernamentales. 'Estamos determinados a mantener el orden público con respeto a los derechos humanos,' declaró el general de policía Carlos Mendoza durante una conferencia de prensa.
Causas: Crisis criminal e inestabilidad política
Las protestas reflejan una profunda frustración por el deterioro de la seguridad en Perú. Pandillas criminales como Los Pulpos y el Tren de Aragua de Venezuela han establecido sofisticadas redes de extorsión en todo el país, haciendo de la criminalidad una realidad diaria para muchos peruanos. La situación alcanzó un punto crítico la semana pasada cuando cuatro miembros de la popular banda Agua Marina fueron baleados durante una presentación, presuntamente víctimas de demandas de extorsión.
El presidente Jerí, quien a los 38 años es el presidente más joven y primer millennial de Perú, enfrenta la desalentadora tarea de abordar tanto las preocupaciones inmediatas de seguridad como la estabilidad política a largo plazo. En su discurso inaugural prometió 'declarar la guerra al crimen' y liderar un 'gobierno de transición, empatía y reconciliación nacional.' Sin embargo, los manifestantes permanecen escépticos sobre su capacidad para lograr cambios significativos.
France 24 reportó que las protestas ocurrieron a pesar de los recientes nombramientos de gabinete de Jerí, incluyendo al ex juez Ernesto Álvarez como primer ministro. El nuevo gobierno hereda un país que ha tenido siete presidentes en los últimos nueve años, subrayando la crónica inestabilidad política que afecta a Perú.
Preocupación internacional y perspectivas futuras
La violencia ha atraído atención internacional, con organizaciones de derechos humanos exigiendo investigaciones sobre el accionar policial. Mientras tanto, las protestas en otras ciudades peruanas permanecieron pacíficas, sugiriendo que las manifestaciones en la capital fueron particularmente intensas debido a su proximidad a las instituciones gubernamentales.
Mientras Perú lidia con esta última crisis, persiste la pregunta fundamental sobre si el gobierno de Jerí puede abordar las preocupaciones de seguridad que desataron las protestas mientras navega por el complejo panorama político del país. Con más protestas programadas para los próximos días, el presidente interino enfrenta presión inmediata para demostrar su compromiso de combatir el crimen organizado y restaurar la confianza pública en las instituciones gubernamentales.