Trump persigue políticamente a fiscal Letitia James

La campaña de venganza de Trump se enfoca en exfiscal

En una dramática escalada de guerra política, la administración del expresidente Donald Trump ha ejercido presión exitosamente sobre fiscales federales para procesar a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, la misma fiscal que anteriormente procesó a Trump por fraude. El cargo representa una sorprendente inversión en las continuas batallas legales entre Trump y sus oponentes políticos.

El caso de fraude que lo inició todo

Letitia James, la primera fiscal general afroamericana de Nueva York, procesó exitosamente a Trump en 2024 por fraude civil, donde un juez determinó que Trump exageró su éxito empresarial para obtener préstamos más favorables. Aunque la multa inicial de 354 millones de dólares fue posteriormente anulada en apelación, el caso estableció a James como una de las adversarias legales más formidables de Trump.

James, de 66 años, ahora enfrenta cargos federales de fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera. La acusación alega que obtuvo una hipoteca para una propiedad en Virginia bajo condiciones para segunda vivienda, pero la usó como propiedad de alquiler, ganando potencialmente $17,837 durante el plazo del préstamo al reducir la tasa de interés del 3.8% al 3%.

La campaña de presión pública de Trump

El cargo sigue a la campaña muy pública de Trump contra James. A fines de septiembre de 2025, Trump publicó en redes sociales un llamado a la fiscal general Pam Bondi para procesar a varias personas que considera enemigos políticos, incluyendo a James, el exdirector del FBI James Comey y el congresista demócrata Adam Schiff.

"Pam, no podemos esperar más," escribió Trump en el mensaje que supuestamente estaba destinado a ser privado pero se hizo público accidentalmente. "¡La justicia debe seguir su curso, ahora!!!!"

Solo cinco días después del llamado público de Trump para el procesamiento, Comey fue acusado por supuestamente hacer declaraciones falsas sobre intentos de influir en las elecciones presidenciales de 2016. Cuando Comey compareció esta semana, declaró su inocencia y calificó los cargos como políticamente motivados.

James contraataca contra cargos "infundados"

James ha negado rotundamente las acusaciones y calificó el cargo como "infundado y una grave violación de nuestro orden constitucional." En su primera respuesta, declaró: "Este cargo es infundado y de los propios comentarios del presidente queda claro que la venganza política es su único objetivo."

Según James, Trump está usando el sistema legal para vengarse de sus oponentes. "Está usando nuestro sistema legal como arma contra aquellos que se atrevieron a responsabilizarlo," agregó.

Nombramientos cuestionables de fiscales

El caso contra James está siendo procesado por Lindsey Halligan, una exabogada defensora de Trump y asistente legal de la Casa Blanca, que supuestamente entendió que su rol implicaría procesar a los presuntos enemigos de Trump. Halligan fue nombrada este verano después de que su predecesora renunciara y declarara que no había evidencia suficiente para el procesamiento.

Expertos legales han expresado preocupación sobre el nombramiento. "Cuando el ex cliente de un fiscal se convierte en presidente y luego los nombra para procesar a sus enemigos políticos, surgen serias preguntas sobre la independencia de nuestro sistema legal," dijo el profesor de derecho constitucional Michael Dorf.

Patrón más amplio de persecuciones políticas

Los casos contra James y Comey parecen ser parte de un patrón más amplio. Trump también tiene en la mira a otros críticos, incluyendo al exasesor de seguridad nacional James Bolton y la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, quien se negó a las demandas de Trump de bajar las tasas de interés.

Si es declarada culpable, James enfrenta hasta 30 años de prisión y $1 millón en multas. Su primera comparecencia judicial está programada para el 24 de octubre de 2025.

Los líderes demócratas han condenado el cargo como persecución maliciosa. El líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, lo calificó como "un precedente peligroso que amenaza los cimientos de nuestra democracia."

El caso representa una prueba importante para la democracia estadounidense y la independencia de su sistema legal, planteando preguntas fundamentales sobre si los líderes políticos pueden usar el poder procesal para castigar a sus oponentes.