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Ex líder congoleño enfrenta cargos por crímenes de guerra
Un fiscal militar en la República Democrática del Congo ha solicitado oficialmente la pena de muerte para el ex presidente Joseph Kabila, acusado de crímenes de guerra, traición y conspiración. Los cargos siguen al presunto apoyo de Kabila al movimiento rebelde M23, que con el apoyo del vecino Rwanda lleva a cabo una insurrección en el este del Congo.
Graves acusaciones y tensiones políticas
El general Lucien Rene Likulia, auditor general militar congoleño, presentó los cargos ante el Alto Tribunal Militar. Las acusaciones incluyen asesinato, tortura, organización de una insurrección y la ocupación violenta de ciudades incluyendo Goma. El ministerio público describió a Kabila como el "autor intelectual" de las atrocidades cometidas por la Alianza del Río Congo (AFC), el brazo político del M23.
Kabila, quien gobernó la RDC desde 2001 hasta 2019 tras el asesinato de su padre, vive en el exilio desde 2023, principalmente en Sudáfrica. Su inmunidad presidencial fue revocada en mayo de 2025, permitiendo que el gobierno actual del presidente Felix Tshisekedi tomara acciones legales en su contra.
Conflicto regional y dimensiones internacionales
La insurrección del M23 ha devastado el este del Congo durante años, desplazando a cientos de miles de personas y generando violaciones generalizadas de derechos humanos. Expertos de la ONU han documentado el papel "crucial" de Rwanda en el apoyo a los rebeldes, aunque Rwanda niega estas acusaciones. El conflicto ha causado una crisis humanitaria en la región rica en minerales, con reportes de miles de muertes civiles, violaciones sistemáticas y reclutamiento de niños soldados.
En julio de 2025, el gobierno congoleño y el M23 firmaron un acuerdo de alto al fuego preliminar, aunque las negociaciones de paz permanecen frágiles. El momento de la solicitud de pena de muerte plantea interrogantes sobre su posible efecto en los esfuerzos diplomáticos en curso para resolver el conflicto.
Reacciones políticas y procedimientos legales
El partido político de Kabila, el Partido del Pueblo para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD), ha calificado el proceso como un "ajuste de cuentas político" destinado a eliminar a un poderoso opositor. Los partidarios afirman que el proceso judicial se parece más a una "vendetta que a una búsqueda de la verdad".
El tribunal militar está manejando el caso en ausencia, ya que Kabila se encuentra fuera del país. No se ha establecido una fecha para el veredicto, pero el ministerio público ha solicitado detención inmediata, incautación de activos y la pena de muerte para la mayoría de los cargos.
La RDC levantó en 2024 la moratoria sobre la pena de muerte, aunque no se han realizado ejecuciones judiciales desde entonces. Este caso representa uno de los procesos políticos más significativos en la historia reciente de Congo, con profundas implicaciones para la estabilidad y el desarrollo democrático del país.
