
India ha intensificado sus esfuerzos para deportar a personas identificadas como inmigrantes ilegales hacia su vecino Bangladesh, lo que ha generado preocupación entre los activistas de derechos humanos. El estado nororiental de Assam ya ha deportado a 303 personas de las 30.000 que tribunales han declarado como extranjeras. Muchos de estos individuos son residentes de larga data con familias y propiedades en Assam, donde las tensiones entre las comunidades locales de habla assamesa y los grupos de habla bengalí con raíces en Bangladesh han persistido durante mucho tiempo.
Los activistas argumentan que las deportaciones afectan desproporcionadamente a los musulmanes y que muchos han sido clasificados erróneamente como extranjeros. El gobierno de Assam, bajo presión del Tribunal Supremo, ha prometido aumentar las expulsiones. El Ministro Principal Himanta Biswa Sarma declaró: "Debemos ser más activos y proactivos para salvar al estado".
Mientras tanto, Bangladesh ha reconocido la afluencia de deportados y está en conversaciones con India para abordar el problema. La situación sigue siendo inestable, con informes de pánico entre las comunidades afectadas y crecientes desafíos legales contra la naturaleza arbitraria de las deportaciones.