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Incendio mortal en edificio parlamentario de Indonesia
En una trágica escalada de las protestas continuas en Indonesia, tres personas murieron y cinco resultaron heridas después de que manifestantes incendiaran un edificio parlamentario regional en Makassar, Sulawesi del Sur. Según medios locales, las víctimas quedaron atrapadas dentro del edificio en llamas, con dos personas sufriendo heridas al intentar escapar a través de las ventanas.
Antecedentes de las protestas
Este incidente violento representa el último desarrollo en meses de manifestaciones antigubernamentales que han sacudido Indonesia. Las protestas comenzaron inicialmente en febrero de 2025, organizadas por la Unión de Estudiantes de Toda Indonesia (BEM SI) contra las políticas controvertidas del presidente Prabowo Subianto. La actual ola de disturbios fue provocada por un aumento propuesto del 250% en el impuesto sobre la tierra y edificaciones (PBB-P2) y compensaciones habitacionales exorbitantes para los miembros del parlamento.
Causa de la violencia
La situación se escaló dramáticamente la semana pasada cuando un conductor de mototaxi de 21 años murió después de ser atropellado por un vehículo policial durante una manifestación. Esta fue la primera víctima mortal en los seis meses del movimiento de protesta y generó una indignación pública generalizada. Las protestas desde entonces han cambiado hacia demandas de justicia contra la violencia policial.
Contexto económico
El presidente Prabowo, quien asumió el cargo en octubre de 2024, ha implementado recortes significativos en educación, salud e infraestructura para financiar su programa de comidas nutritivas gratuitas. Estas medidas de austeridad han resultado en pérdida de empleos y dificultades económicas para muchos indonesios que ya luchan por mantener a sus familias.
Respuesta gubernamental
El presidente Prabowo visitó personalmente a la familia del conductor de mototaxi fallecido para ofrecer sus condolencias y prometió una investigación exhaustiva del incidente. Sin embargo, el gobierno enfrenta una presión creciente para abordar los agravios económicos subyacentes.
