Retiro de Protección en Medio de Tensiones Políticas
El presidente Donald Trump ha retirado oficialmente la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris, según confirmó la Casa Blanca. Esta decisión se produce mientras Harris se prepara para una gira internacional de promoción de sus memorias políticas sobre la campaña presidencial de 2024.
Protección Extendida Acortada
Normalmente, los exvicepresidentes reciben protección del Servicio Secreto durante seis meses después de dejar el cargo. Sin embargo, el presidente Joe Biden extendió la protección de Harris a 18 meses antes de su salida de la Casa Blanca, una decisión tomada a solicitud de Harris debido a preocupaciones de seguridad.
Amenazas de Seguridad y Contexto Político
Harris ha enfrentado importantes amenazas de seguridad durante su carrera política. En agosto de 2024, las autoridades arrestaron a un hombre que había hecho amenazas de muerte en línea contra Harris y confiscaron armas durante su arresto. Expertos en seguridad expresaron preocupación por el momento de esta decisión, citando la creciente polarización política en Estados Unidos y el fallido intento de asesinato contra Trump durante la campaña de 2024.
Implicaciones para la Gira Internacional del Libro
La retirada de la protección coincide con la gira de promoción planificada de Harris para su próximo libro, que incluye visitas a Canadá y el Reino Unido. Las memorias detallan sus experiencias durante las elecciones presidenciales de 2024, que perdió frente a Trump.
Patrón de Cambios en la Seguridad
Este paso sigue decisiones anteriores de Trump de retirar la protección gubernamental de otros exfuncionarios, incluido su exasesor de seguridad nacional John Bolton y los hijos adultos del presidente Biden. El Servicio Secreto, establecido en 1865, protege a los presidentes estadounidenses y a candidatos importantes desde 1901 después del asesinato del presidente William McKinley.
Implicaciones Políticas Futuras
Harris sigue siendo una candidata potencial para las elecciones presidenciales de 2028, lo que hace que su situación de seguridad sea particularmente significativa. La decisión plantea preguntas sobre el equilibrio entre consideraciones políticas y necesidades legítimas de seguridad para exaltos funcionarios.