Universidad Cornell cierra acuerdo de $60 millones con gobierno de Trump
La Universidad Cornell ha alcanzado un acuerdo histórico con el gobierno de Trump, mediante el cual la universidad pagará $30 millones al gobierno federal e invertirá otros $30 millones en investigación agrícola a cambio de la restauración de más de $250 millones en subsidios federales previamente congelados. El acuerdo, anunciado el 7 de noviembre de 2025, representa la última victoria en la campaña del presidente Donald Trump contra lo que él llama políticas universitarias 'woke'.
Términos clave del acuerdo
Según los términos del acuerdo, Cornell debe pagar $30 millones al gobierno estadounidense durante tres años e invertir otros $30 millones en programas de investigación agrícola que beneficiarán a los agricultores estadounidenses. La universidad también debe dar acceso a las autoridades federales a los datos de admisión de estudiantes universitarios para garantizar el cumplimiento de las leyes de derechos civiles y realizar encuestas anuales sobre el clima en el campus que aborden el antisemitismo.
Quizás lo más significativo es que Cornell ha acordado utilizar las pautas del Departamento de Justicia como material de capacitación para el personal, poniendo fin efectivamente a los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que la administración Trump considera discriminatorios. 'Este acuerdo garantiza que nuestras universidades se centren en la educación, no en el adoctrinamiento,' dijo la Secretaria de Educación Linda McMahon en una declaración de la Casa Blanca.
Presión financiera impulsa el cumplimiento
El presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, reconoció la grave presión financiera que llevó al acuerdo. 'La congelación de fondos tuvo consecuencias devastadoras para nuestra comunidad universitaria,' declaró Kotlikoff. 'Detuvo investigaciones innovadoras, interrumpió vidas y carreras, y amenazó el futuro de programas académicos que sirven al interés público.'
La restauración de $250 millones en subsidios federales es crucial para las operaciones de Cornell. Como universidad land-grant con facultades estatales significativamente subsidiadas, Cornell depende en gran medida de la financiación federal para programas de investigación y educación. La Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de la universidad, una de sus facultades estatutarias, es particularmente dependiente del apoyo federal.
Preocupaciones sobre libertad académica
A pesar de las garantías de Kotlikoff de que el acuerdo preserva la independencia institucional de Cornell, los miembros de la facultad expresan profundas preocupaciones sobre la libertad académica. David Bateman, profesor de ciencias políticas en Cornell, advirtió que el acuerdo establece un precedente peligroso. 'Cuando haces un trato con alguien que te está extorsionando, solo alientas más extorsión en el futuro,' dijo Bateman a los periodistas.
El acuerdo requiere que el presidente de Cornell certifique trimestralmente el cumplimiento de todos los términos bajo pena de perjurio, lo que según los críticos crea un nivel sin precedentes de control federal sobre las operaciones universitarias.
Patrón más amplio de acuerdos universitarios
Cornell se convierte en la última universidad de élite en ceder a las demandas de la administración Trump. A principios de este año, la Universidad Columbia llegó a un acuerdo por $200 millones, mientras que la Universidad Brown y la Universidad de Virginia también alcanzaron acuerdos. El gobierno ha apuntado a universidades que considera demasiado liberales, utilizando la financiación federal como palanca para forzar cambios de políticas.
Funcionarios del Departamento de Justicia han caracterizado estos acuerdos como aplicación de leyes de derechos civiles. 'Las universidades que reciben financiación federal deben cumplir con las leyes de derechos civiles y garantizar que las políticas DEI dañinas no discriminen a los estudiantes,' dijo la Fiscal General Pam Bondi.
Harvard sigue resistiendo
La Universidad Harvard sigue siendo el rechazador más prominente a la presión de la administración Trump, habiendo perdido ya aproximadamente $2 mil millones en financiación federal. Aunque el considerable fondo de dotación y las donaciones privadas de Harvard le han permitido resistir hasta ahora, la presión financiera está aumentando. La universidad se ha visto obligada a suspender proyectos de investigación, incluidos estudios sobre cáncer de colon en hombres negros y emisiones de gases de efecto invernadero.
La campaña de la administración Trump contra las universidades de élite representa una de las intervenciones más significativas en la política de educación superior en décadas, con implicaciones para la libertad académica, la autonomía institucional y el futuro de las iniciativas de diversidad en los campus estadounidenses.