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Falló histórico contra despliegue militar en ciudades estadounidenses
Un juez federal en San Francisco ha asestado un duro golpe a la controvertida política de despliegue militar interno del presidente Trump. El juez Charles Breyer dictaminó que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles viola la ley federal, específicamente refiriéndose a la Ley Posse Comitatus que limita la participación militar en la aplicación de la ley doméstica.
Victoria legal para el gobernador de California
El fallo representa una gran victoria para el gobernador de California, Gavin Newsom, quien en junio de 2025 presentó una demanda contra la administración Trump. El conflicto comenzó cuando el presidente Trump envió aproximadamente 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles para reprimir las protestas contra las acciones de aplicación de leyes de inmigración.
El gobernador Newsom, demócrata, argumentó que el despliegue violaba los derechos estatales y los estatutos federales que prohíben el uso de tropas militares para funciones policiales domésticas. El juez estuvo de acuerdo y declaró que "el presidente no puede desplegar las fuerzas armadas para hacer cumplir las leyes" y que la administración Trump "utilizó sistemáticamente personal militar armado" para realizar funciones policiales en California.
Aplicación de la Ley Posse Comitatus
La Ley Posse Comitatus, promulgada originalmente en 1878, limita la capacidad del gobierno federal para utilizar personal militar en la aplicación de la ley doméstica. La ley está diseñada para evitar que el ejército sea utilizado contra ciudadanos estadounidenses y para mantener la separación entre la aplicación militar y civil de la ley.
Impacto inmediato y proceso de apelación
Aunque el fallo es inmediatamente significativo, su aplicación se retrasa hasta el 12 de septiembre de 2025 para dar tiempo al gobierno federal para apelar. Actualmente, todavía hay aproximadamente 300 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en Los Ángeles, principalmente involucrados en el apoyo a operaciones de aplicación de leyes de inmigración.
La administración Trump ha indicado que apelará la decisión, lo que allana el camino para un posible caso histórico ante la Corte Suprema sobre los poderes presidenciales durante emergencias domésticas. Expertos legales sugieren que este caso podría redefinir los límites entre la autoridad militar federal y las competencias policiales estatales.
