Los reguladores globales proponen nuevas normas de informes sobre criptomonedas para bancos y bolsas

Nuevos estándares globales para la transparencia en criptomonedas

Los principales reguladores financieros a nivel mundial han propuesto estándares de informes exhaustivos para las actividades relacionadas con criptomonedas. El marco requiere que los bancos y las bolsas de activos digitales realicen divulgaciones uniformes sobre sus operaciones, tenencias y volúmenes de transacciones en criptomonedas. Esta iniciativa busca crear consistencia entre jurisdicciones y aumentar la transparencia en el mercado de criptomonedas, que crece rápidamente y alcanza los $2.76 billones.

Lo que requieren los estándares

Según las normas propuestas, las instituciones financieras deben informar periódicamente sobre:

• Tipos y volúmenes de activos digitales en posesión
• Servicios relacionados con criptomonedas ofrecidos a los clientes
• Marcos de gestión de riesgos para activos digitales
• Exposición a stablecoins y otros instrumentos criptográficos
• Medidas de seguridad para proteger los activos de los clientes

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) desarrollaron estos estándares conjuntamente, basándose en el marco de consulta del FSB de 2022. Las normas siguen el principio de 'misma actividad, mismo riesgo, misma regulación'.

Por qué se acelera la regulación

Los reguladores citan varias preocupaciones que impulsan esta iniciativa:

• Evitar otro colapso al estilo FTX
• Limitar los riesgos sistémicos potenciales para los sistemas bancarios
• Combatir el lavado de dinero y la financiación ilegal
• Proteger a los inversores privados en mercados volátiles

'Las interconexiones del ecosistema criptográfico con las finanzas tradicionales crean canales de contagio', señaló un portavoz del FMI.

Reacción del sector y cronograma de implementación

Las bolsas de criptomonedas han expresado un apoyo cauteloso. Las normas entrarán en un período de consulta de 60 días antes de que se espere su implementación en el cuarto trimestre de 2025. Jurisdicciones como la UE, el Reino Unido y Japón ya se han comprometido con el marco.