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El ejército estadounidense destruye otra embarcación sospechosa de narcotráfico en el Pacífico Oriental, en medio de la polémica por un ataque previo que mató a supervivientes. El incidente ha generado acusaciones de crímenes de guerra y ha desencadenado una investigación del Congreso sobre las tácticas militares.
El ejército estadounidense ataca de nuevo en el Pacífico Oriental
El ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo un nuevo ataque contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental, resultando en la muerte de sus cuatro tripulantes. Según un comunicado del Comando Sur de EE.UU. en X, la operación se dirigió a una lancha que seguía una 'ruta conocida de tráfico de drogas' y que transportaba a miembros de una 'organización terrorista designada'. Este último incidente eleva el total de ataques de este tipo bajo la administración Trump a al menos 22, con casi 90 muertos desde septiembre de 2025.
La polémica sobre el 'doble ataque' se intensifica
El nuevo ataque se produce en medio de una creciente controversia por un incidente del 2 de septiembre que ha generado acusaciones de posibles crímenes de guerra. Ayer, miembros del Congreso vieron imágenes sin censura del primer ataque en el Caribe, que mostraban que las tropas estadounidenses ejecutaron un segundo ataque contra supervivientes que se aferraban a su embarcación hundida. 'Esto fue lo más perturbador que he visto jamás,' dijo el congresista demócrata Jim Hines tras ver las imágenes. 'Dos personas que claramente estaban en peligro junto a un barco destrozado fueron asesinadas por EE.UU.'
El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, está bajo una intensa presión por el incidente. Aunque inicialmente se informó de que Hegseth ordenó el ataque de seguimiento, el almirante Frank M. Bradley testificó ante el Congreso que tomó personalmente la decisión de 'completar la misión' eliminando todos los objetivos. Hegseth defendió la acción, afirmando que Bradley actuó 'ampliamente dentro de su autoridad' al autorizar el segundo ataque.
Consecuencias legales y políticas
La administración Trump ha intentado justificar legalmente su agresiva campaña antidroga designando a los principales cárteles como organizaciones terroristas, lo que otorga poderes más amplios para la acción militar. Sin embargo, expertos legales y organizaciones de derechos humanos han expresado serias preocupaciones. Según un análisis de CNN, matar a náufragos que están 'hors de combat' (fuera de combate) podría violar el derecho internacional. Daniel Maurer, un ex abogado del Ejército (JAG), sugirió que tales acciones podrían constituir crímenes de guerra bajo los Convenios de Ginebra.
El senador Angus King fue aún más directo: 'Matar deliberadamente a supervivientes sería un crimen de guerra y un asesinato.' La controversia ha desencadenado una supervisión bipartidista en el Congreso, donde los legisladores exigen una rendición de cuentas completa sobre operaciones que han matado a más de 80 personas en ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico Oriental.
Defensa y planes de expansión del gobierno
El presidente Trump ha defendido enérgicamente los ataques, elogió el desempeño de Hegseth e indicó planes para expandir las operaciones a objetivos terrestres en Venezuela. 'Llevamos la lucha a los cárteles de la droga dondequiera que operen,' dijo Trump recientemente. 'Estas organizaciones terroristas inundan nuestro país con veneno, y usamos todos los medios disponibles para detenerlas.'
El senador republicano Tom Cotton respalda la postura del gobierno, afirmando que el segundo ataque estaba justificado: 'Vi a los supervivientes intentando enderezar su barco lleno de drogas frente a EE.UU. para poder seguir luchando,' señaló tras ver las imágenes.
Reacciones internacionales y domésticas
Los ataques han tensado las relaciones de EE.UU. con Venezuela y otros países latinoamericanos, y algunos críticos sugieren que el verdadero motivo podría ser un cambio de régimen en lugar de la acción antidroga. Según la documentación de Wikipedia, las operaciones se han dirigido a embarcaciones presuntamente operadas por grupos que incluyen el Tren de Aragua de Venezuela y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, aunque no se ha hecho pública ninguna prueba.
A nivel interno, la controversia se ha convertido en un punto de discordia política. Los demócratas han pedido la dimisión de Hegseth y la desclasificación del asesoramiento legal del Departamento de Justicia que justifica los ataques. Mientras tanto, el gobierno sigue publicando imágenes de barcos destruidos, incluyendo las del último ataque en el Pacífico Oriental, como parte de lo que llama un enfoque 'transparente' en la lucha contra el narcotráfico.
Mientras el debate continúa, la pregunta fundamental persiste: ¿Son estas operaciones acciones legítimas contra el terrorismo o ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional? Con investigaciones del Congreso en curso y posibles desafíos legales, la controversia no muestra signos de disminuir mientras la administración continúa su agresiva campaña antidroga.
